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Abogado de Macri reconoce que hubo espionaje ilegal pero desliga al expresidente y asegura que no irá preso

Avanzan las causas que investigan el seguimiento clandestino a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a cientos de periodistas, políticos y líderes sociales.



El abogado del expresidente argentino Mauricio Macri, Pablo Lanusse, reconoció que durante el pasado gobierno hubo espionaje ilegal, pero aseguró que no fue sistemático ni ordenado por su cliente, y que por ello no hay razones para pensar en que pueda ser detenido.


"Hubo acciones al margen de la Ley de Inteligencia que deben ser investigadas por el juez competente", aseguró el abogado en una entrevista televisiva, al referirse a los avances de un caso que afecta a Macri y a su amigo Gustavo Arribas, a quien durante su gobierno nombró como director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La justicia argentina investiga a una red que espió de manera masiva a cientos de políticos oficialistas y opositores, periodistas, académicos, empresarios, líderes síndicales y de la sociedad civil, a políticos presos e incluso a familiares de Macri.

Lanusse consideró que los agentes de inteligencia involucrados en este delito deben ser investigados, aunque aseveró que ello no implica que Macri tenga alguna responsabilidad de antemano.

También acusó a la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de tener "un plan de venganza y persecución" para tratar de que Macri sea procesado por una investigación judicial que está a cargo del juez Juan Pablo Augé, quien quedó al frente después de que el juez Federico Villena fuera desplazado y acusado de "parcialidad".

Las causas judiciales por espionaje ilegal, cometido por el gobierno macrista, comenzaron en marzo pasado pero han ido creciendo con el pasar de los meses, a partir de las denuncias realizadas por la actual interventora de la AFI, Graciela Caamaño.

Entre la lista de espiados destaca Fernández de Kirchner, pero además ha llamado la atención el seguimiento ilegal que se realizó en contra de exfuncionarios macristas, como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y los líderes parlamentarios Mario Negri y Nicolás Massot, entre otros. La mayoría de ellos ya se sumaron a la investigación como querellantes, después de haber recibido pruebas de que fueron espiados por su propio gobierno.

A ellos se añaden opositores macristas, que hoy son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y más de 500 periodistas, empresarios, académicos y líderes de la sociedad civil, que se acreditaron para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio y del G-20, que se realizaron en 2017 y 2018 en Buenos Aires.

Las víctimas fueron espiadas a través de correos intervenidos, con seguimientos personalizados o a través de información recolectada desde sus redes sociales y con las que se armaban carpetas, en un amplio de operaciones clandestinas.

Por esta causa ya fueron detenidos la exsecretaria de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y una veintena de acusados, la mayoría de ellos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), aunque después se les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Martinengo, el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora de este organismo, Silvia Majdalani, ya declararon ante la fiscalía y negaron haber formado parte de la red de espionaje clandestino. Se prevé que a más tardar en agosto el juez decidirá si quedan o no procesados, y si incluye a Macri como imputado.

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