El fiscal Diego Pérez, quien investiga la amenaza a la fiscal Mónica
Ferrero presuntamente realizada por un cartel de drogas, citó este mediodía
al periodista Gabriel Pereyra para solicitarle información que dijo tener a
través de su cuenta de Twitter. En la noche de este martes, Pereyra advirtió
sobre un atentado contra un testigo.
Pérez indaga quién está detrás del mensaje que recibió Ferrero a mediados
de mayo –cuyo contenido fue informado por el periodista en su cuenta de
Twitter este sábado–, en el que le advierten a la fiscal: "Estamos un
poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño
susto para que vean que no les tenemos miedo", decía el mensaje en
referencia al atentado que recibió la sede de la Brigada Antidrogas el 9 de
mayo con una granada militar que destruyó cuatro vehículos oficiales y otro
particular.
En entrevista con el programa Desayunos informales de canal 12, el fiscal
dijo este miércoles que "el periodista anunció que contaba con más
información, por lo que la Fiscalía entendió necesario citarlo... él habla
de determinadas personas y que va a revelar fotos".
"Si la va a brindar públicamente entendemos que lo más adecuado es que la
brinde antes a la Fiscalía. Si él la quiere brindar o no es una decisión de
él", dijo y aclaró que no se refería a pedirle que revelara la fuente que le
entregó el mensaje de la amenaza, aunque aclaró que si el periodista la
quiere revelar la recibe "de brazos abiertos".
Sin embargo, hay normas internacionales y nacionales que amparan al
periodista en su derecho de no revelar la fuente de la
información.
Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala
expresamente en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión que
“todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de
información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
El mismo texto subraya que todas las “presiones directas o indirectas
dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son
incompatibles con la libertad de expresión”.
A la vez, en Uruguay está vigente la Ley nº 16.099 que establece en el
artículo 1 que “es enteramente libre en toda materia, la expresión y
comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones
mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de
comunicación”.
El artículo determina expresamente que “los periodistas tendrán el derecho
a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información
de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.
En 2014 luego de que un juez de Mercedes citara a los periodistas del
portal Agesor luego de que informaran sobre una denuncia de abuso sexual en
un campamento militar, el Consejo Directivo Central de la Asociación de la
Prensa del Uruguay (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información
Pública (Cainfo) manifestaron "su gran preocupación por estas decisiones de
la Justicia" y recordaron que "el Poder Judicial debe garantizar el derecho
de los periodistas a reservarse las fuentes de la información que ofrecen al
público, en lugar de convocarlos para preguntarles y obligarlos a revelar
sus fuentes, tal como lo señalan los estándares de derechos humanos, la
Constitución y la Ley nº 16.099".
Fuente / El Observador
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