Una extensa investigación policial, denominada Operación India, culminó con la desarticulación de una red de proxenetismo y explotación sexual en Montevideo. El operativo, desarrollado en el marco de la acción internacional "Liberterra III" de Interpol, logró el rescate de cinco mujeres adultas y cuatro niños en situación de vulnerabilidad.
🔎 Detalles de la Investigación
Bajo la dirección de la Fiscalía de Delitos Sexuales, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional retomó la causa en junio de este año, habiendo comenzado en octubre de 2022. La indagatoria reveló un patrón de graves indicadores de trata y explotación, entre ellos:
Coacción y Control: Retención de celulares, control estricto de las finanzas de las víctimas, amenazas y la imposición de multas abusivas.
Condiciones de Vida: Alojamiento condicionado a la obligación de ejercer el trabajo sexual.
Delitos Asociados: Se detectó la privación de libertad y el suministro de estupefacientes a las víctimas.
La Policía logró confirmar que los responsables de la red administraban dos locales nocturnos donde se identificaron a más de 60 posibles víctimas de la explotación.
🚔 Allanamientos y Detenciones
Con la información recabada, se ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en Montevideo y se libraron múltiples órdenes de detención. En total, la Policía detuvo a nueve personas.
Durante los operativos, se incautó una gran cantidad de elementos probatorios, incluyendo:
Dinero en pesos uruguayos y dólares.
Documentación variada de clientes y municipal.
Dispositivos electrónicos (celulares, DVR, pendrives, etc.).
Drogas y otros objetos relevantes para la causa.
⚖️ Resultado Judicial
Tras las audiencias correspondientes, la Justicia imputó a seis personas por delitos graves. La Fiscalía, que contó con el apoyo de la Unidad de Víctimas, solicitó las siguientes imputaciones:
Delito Continuado de Proxenetismo.
En Reiteración Real con un Delito Continuado de Suministro de Sustancias Estupefacientes Prohibidas a Título Oneroso.
A seis de los imputados se les dictaron medidas cautelares o limitativas, reafirmando el compromiso del Estado con el combate a la trata de personas y la protección de las víctimas.
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