El 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en Buenos Aires, fue escenario de uno de los ataques terroristas más devastadores en la historia del país y del continente.
Ese día, del que se cumplen 30 años este jueves, un coche bomba se estrelló contra la sede de la comunidad judía, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Más de un cuarto de siglo después del ataque, no ha sido arrestado ninguno de los autores ni juzgado ni un solo sospechoso.
Con el correr de los años, la causa que investiga el brutal ataque se transformó en un laberinto plagado de irregularidades por parte de la Justicia, las fuerzas de seguridad, la dirigencia política y los servicios de inteligencia.
Esta jornada se llevará a cabo un acto central en la sede de la AMIA, en el cual se recordará a las 85 víctimas del atentado y se renovará el compromiso con la búsqueda de justicia. La ceremonia contará con la presencia del presidente Javier Milei, su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, además de autoridades de AMIA y funcionarios de la Nación y el Gobierno de la Ciudad.
También estarán presentes representantes de la comunidad judía y familiares de las víctimas.
Tres décadas sin culpables
El atentado a la AMIA fue el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la investigación estuvo rodeada de maniobras de encubrimiento. De hecho, fueron procesados por ese delito el primer juez de la investigación, Juan José Galeano, y el fallecido expresidente Carlos Saúl Menem, quien gobernaba el país en el momento de la tragedia.
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que existieron acciones para impedir deliberadamente que se conozca la verdad y se haga justicia por el caso. La sentencia ratificó la culpabilidad de funcionarios judiciales, políticos y del extinto Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) por la implementación de esas maniobras.
Según el fallo, el daño cometido a la investigación ha perjudicado "de manera casi irreversible la averiguación de la verdad".
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