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Su situación cada vez es más preocupante al igual que la de su familia; su señora espera un trasplante y a su hija le encontraron un nódulo.
Dentro de tres años Julio de los Santos se va a morir. Tiene 44 años. Ese es el mejor de sus escenarios, los médicos no son optimistas y su situación cada vez es más preocupante al igual que la de su familia. Su señora, Susana Silva, está esperando un trasplante de hígado y a su hija Barenca, de 19 años, le acaba de encontrar un nódulo en el cuello. "No se sabe qué puede ser", dice, con tono preocupante, una de las abogadas de la familia, Paula Piñeyro.
Hace casi dos semanas Julio estuvo internado durante doce días en la Médica Uruguaya de Montevideo. "Estuve solo. Susana era la que me acompañaba pero ya no puede, está con ese problema de salud ", cuenta resignado. Le hicieron una biopsia de hígado de la que todavía no tiene resultados.
Está en estado grave, además de una enfermedad autoinmune, padece fibrosis pulmonar y diabetes. Julio depende de un cpap -respirador- para dormir y los funcionales respiratorios que le practican cada vez le dan peor. Ahora su hígado empezó a fallar.
Su casa es una farmacia, toma 23 medicamentos distintos. Diaformina, Prenisona, Calcimax, Diabeton, insulina cristalina, vitamina D y Paracetamol, son solo algunos de los fármacos que componen la interminable lista que le han recetado.

Julio y Susana son empleados de Arrozal 33, aunque ya desde hace casi un año viven a más de cuatro horas de distancia del predio de la empresa.
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Susana fue bordadora, también limpió casas y trabajó para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Julio trabajó de chapista, de herrero y fue empleado de una empresa de camiones durante muchos años. Un día ambos se quedaron sin trabajo. "Ya teníamos a Martina (su segunda hija), que era chiquita", recuerda Susana.
Así, en 2013 llegaron a Treinta y Tres. Buscaban una oportunidad, pero cinco años después se fueron pidiendo a gritos que alguien los ayudara.
Mientras él trabajaba como soldador, ella se desempeñaba como parquera. Vivían, junto a sus dos hijas, en una casa que les había dado la compañía arrocera.
"Julio trabajaba en el tema de herrería. Soldaba y cortaba toda la maquinaria que venía con veneno y, a veces, con arroz curado porque no la enjuagaban. También, trabajaba mucho con el mosquito (con el que la empresa fumigaban) cuando había que repararlo", explica Susana.
Con el tiempo él se empezó a sentir mal. Iba al médico y volvía a su casa con un diagnostico de lumbalgia y un certificación médica por tres días. Luego, volvía a trabajar aunque vivía cansado.
"Hasta que un día se estaba duchando y se empezó a sentir mal, pegó un grito y salimos corriendo al hospital. Estuvo unos días internados, le dieron el alta y volvió a recaer. Entonces, lo empezaron a estudiar y lo mandaron al Banco de Seguros del Estado (BSE). La doctora le hizo lavado de pulmón y le encontró polvillo de cáscara de arroz", relata Susana.
Fue el diagnostico de los médicos del BSE el que les terminó de abrir los ojos: "neumotitis por hipersensibilidad vinculada a exposición a contaminantes químicos".
Julio está severamente intoxicado y la doctora pediatra Carmen Carrero, amiga de la familia, lo repite una y otra vez. Ella intenta acompañarlo a las distintas vistas que hace al médico. "A veces, se hacen los locos, y yo no sé ni leer ni escribir, entonces, ella es la que pelea por mí", comenta Julio.
"Es analfabeto y nunca nadie le explicó nada. A él lo mandaban a trabajar con veneno. A veces estaba mojado con glifosato y le decían que no se podía ir a cambiar, que tenía que esperar el horario de descanso para hacerlo", enfatiza Piñeyro.
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En Arrozal 33, Susana, la esposa de Julio, preparaba el "veneno" para luego cargar sobre su espalda una mochila de 20 litros que, a veces, funcionaba mal y goteaba glifosato. También, de lunes a sábado durante ocho horas diarias, llevaba malatión en un bolsito para echar en los hormigueros que veía en su camino.
Muchos días fue a trabajar con sus jeans viejos. Cuando tenía suerte la empresa le daba guantes de jardinero. "Esos que tienen agujeritos. Si a uno se le caían gotas le quedan en la piel nomás", cuenta.
A la mitad de la jornada paraba a almorzar con sus hijas. En el lugar no tenía donde bañarse ni tampoco cambiarse. Entre corridas llegaba a su casa, cocinaba y comía junto a sus pequeñas -siempre con la misma ropa- para luego volver a trabajar.
Susana recuerda que poco tiempo después que comenzó a trabajar comenzó con vomitos. "En esa época iba al médico que teníamos en el Arrozal y me aseguraba que eran ataques de hígado. 'Habrás comido algo', me decía y yo le respondía que no. Un día dije 'no voy más' porque terminaba perdiendo el día y yo no cobraba mucho".
Cada vez estaba peor, ya no podía salir de su casa porque, además de vivir mareada, comenzó a tener caídas y le diagnosticaron lipotimia crónica. Pero la situación de Susana se complicó aún más en el último tiempo. Su nombre comenzará a figurar en la lista de personas que necesitan trasplantes. Su hígado está lleno de nódulos, que se pueden reventar y hacer un sangrado interno. "Me dijeron que me cuidara mucho de los golpes y las caídas", dice.
Juicio dilatado
A Julio el BSE le reconoció que su enfermedad tenía una relación directa con su trabajo y eso es un paso muy importante. "En otras palabras, el Estado está admitiendo que los agrotóxicos lo enfermaron", asegura su abogada Piñeyro.
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Desde hace un tiempo, por este motivo, recibe una pensión que es otorgada por parte de esta empresa aseguradora estatal por un monto de 11 mil pesos. La renta está justificada en la pérdida de funcionalidad de sus pulmones que, en ese momento, era de un 30 por ciento. "Eso ya aumentó y ahora tiene la mitad de los pulmones perjudicados. Por eso, hay un trámite para determinar ese incremento de la discapacidad y poder subírsela", señala Piñeyro.
Julio espera que la Justicia pueda darle una respuesta. Le inició un juicio a Arrozal 33 del que aún no ha tenido novedades. "Esta re trancado. Están esperando que me de algo, que me muera y así queda en la nada", dice.
Piñeyro, que no es la abogada que tiene a cargo este litigio, acota que la demanda por daños y perjuicios a la empresa está en etapa de aceptación de cargo de los tres peritos que se nombraron. Luego, se iniciarán las pericias, pero lleva su tiempo, explica.
Julio no solo demandará a la compañía, en el futuro próximo irá contra el Estado. "En definitiva, el Estado ha omitido sus obligaciones de controlar a estas empresas, cómo trabajan con los químicos que utilizan en todas las plantaciones. A Julio nunca le explicaron los riesgos que corría su salud manipulando esos tipos de productos", justifica.
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A estos dos juicios le sumará otro contra la multinacional Bayer-Monsanto, líder mundial en la producción de herbicidas, el más famoso de ellos, el glifosato, comercializado bajo la marca Roundup. "Están vendiendo todos estos productos y sin ningún tipo de información", lamenta Piñeyro.
Una de las únicas noticias positivas que recibió la familia en estos últimos años fue la mudanza de Treinta y Tres a San José. Luego de tocar varias puertas sin obtener ninguna respuesta, el caso llegó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). El BSE había aconsejado a Julio mudarse de la casa que le había dado Arrozal 33 pero eso les resultaba imposible porque no tenía el dinero para hacerlo.
La Inddhh se puso la causa al hombro y logró que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorrial y Medio Ambiente (Mvotma) le pagara el alquiler de la vivienda en la que viven actualmente, en Ciudad del Plata. Así, Julio se convirtió en la primera persona a la que el Estado le paga una renta debido a sus problemas de salud vinculados a su exposición a los agrotóxicos.
El caso de Susana es diferente al de Julio porque, a pesar de haber estado aún más expuesta que su marido, el BSE no le ha querido reconocer que las enfermedades que padece tienen que ver con la labor que realizaba en la empresa de Treinta y Tres.
"Actualmente, le están realizando estudios en el Hospital de Clínicas, en la parte de toxicología, para determinar su caso pero todavía no ha tenido respuesta", comenta Piñeyro.
Susana está prejubilada, cobra 9.530 pesos por mes. "No puedo ni levantar un balde de ropa", dice con angustia. Reclama que Arrozal 33 le pague la licencia y los haberes que le corresponden. "Con ese dinero, que es mío, me quiero hacer un buen surtido para la casa y comprarme el pijama, las pantuflas y todo lo que necesito para cuando me llamen para hacerme el trasplante", explica.
Este portal llamó reiteradas veces a Arrozal 33 pero desde la empresa alegaron en todas las instancias que no había un responsable que pudiera responder.
La medicina, un paso atrás
Durante doce años, entre 1953 y 1965, en Minamata se contabilizaron 111 víctimas de una enfermedad desconocida y se registraron más de 400 casos, la mayoría en niños, que padecían problemas neurológicos. Muchas madres, sin ningún síntoma aparente, daban a luz a bebés gravemente afectados.
El terror y la angustia inundaron el pueblo pesquera localizado en la isla Kyushu, al extremo sur de Japón. Lo peor y más angustiarte de de esta situación era que, durante todo este tiempo, ni la ciencia ni los médicos pudieron descifrar qué era lo que provocaba la enfermedad.
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Fue recién en 1968 cuando el gobierno japonés descifró lo que estaba sucediendo. Dictaminó oficialmente que la causa de este síndrome neurológico grave y permanente era la ingestión de pescado contaminado de mercurio, que era provocado por los vertidos de la empresa petroquímica Chisso. Se calcula que entre 1932 y 1968, año en que cambió el proceso de síntesis por otro menos contaminante, se vertieron a la bahía 81 toneladas de este elemento químico.
La pediatra Carmen Carrero cuenta lo que sucedió en Japón el siglo pasado para introducir la historia de Julio y su familia. "Creo que la medicina y la ciencia a lo largo de la historia han corrido corriendo de atrás a las realidades ambientales. El tema de los agrotóxicos es nuevo. Hay muchos intereses escondidos, son muchas las empresas poderosas a las que les conviene que no se sepan las cosas", afirma.
Carrero no duda al asegurar que en su campo lo que están viendo son "intoxicaciones crónicas por agrotóxicos". Los alimentos "están llenos" de estas sustancias. Como pediatra se pregunta: "¿qué le damos nosotros a los niños? ¿La manzana con la que alimentamos a un bebé de seis meses, cuánto tiene de plaguicida? Ella misma se responde: "No sabemos".
"Los niños están naciendo ya en un ambiente expuesto a agrotóxicos, en mayor o menor grado. Eso se va a haber reflejado después en enfermedades crónicas, como la diabetes, las malformaciones congénitas y el cáncer. Todas estas sustancias, en general, dañan el material genético", sostiene.
Vuelve al caso de Julio y Susana. Asegura que es "grave" y recuerda que, con poco más de 40 años, ambos corren riesgo de vida. "Están peleando contra el sistema, no solo por ellos. No quieren que les pase a los demás, en el pueblo que vivían hay niños".
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Asegura que ellos no son los únicos que se enfermaron. Dice que habló con otro trabajador, de 50 años, que le contó sus síntomas, similares a los de Julio. "Me dijo que no quería consultar al médico porque lo iban a echar y no tenía otra cosa en que trabajar, que era seguir así o morirse de hambre".
En el pueblo donde vivían, que se ubica en el Paraje Rincón de Ramírez, muy cercano a la Laguna Merín, varias mujeres perdieron sus embarazos, pero los casos nunca se estudiaron.
Carrero admite que a los profesionales les "cuesta" asociar que hay enfermedades que pueden ser causadas por la exposición a los agrotóxicos. "Los médicos buscan trabajos previos y no hay de ese tipo, de trabajadores que hayan estado expuesto a todas esas sustancias, porque es ilegal ¿A qué persona la van a envenenar con todas las sustancias a la que estuvo expuesto Julio para saber qué provoca, qué estudio van a hacer?".
Ella estuvo presente en un ateneo médico, donde se juntaron varios profesionales de la medicina, para evaluar el diagnostico de Susana. "No se habló de la exposición laboral. Le preguntaron al menos diez veces si había tomado anticonceptivos. Ella respondió que no. Pero, ¿qué pasa con todos los agrotóxicos a los que estuvo expuesta? Cuesta", asevera Carrero.
En un informe del Banco de Seguros de Susana escribieron que era portera en vez de parquera. "Ni siquiera escucharon bien. Lamentablemente, lo que están demostrando es que nadie se pone en los zapatos de alguien que se enferma por trabajar. No era portera, era parquera y trabajaba ocho horas por día, de lunes a sábado, mojada con glifosato y usando malatión para las hormigas", expresa resignada. Luego, respira hondo y repite: "Hay que seguir peléandola".
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Fuente: Ecos


